DEL CIELO AL INFIERNO: URABÁ TIERRA PROMETIDA
En lengua Catia, Urabá significa “tierra prometida”. Es una región costera de Colombia que se divide entre los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, hogar de comunidades indígenas, afrodescendientes y colonos, la cual alberga una belleza natural exuberante, tierras ricas para la producción agrícola, una próspera economía minera, ríos infestados de peces los cuales sustentan la diversidad de los pueblos que lo habitan. Esta tierra llena de biodiversidad, hermosas playas limítrofes con Panamá y las selvas de Darién, es un pedazo de cielo en la tierra, un auténtico paraíso pero que, lastimosamente, por la violencia que le azota desde tiempos remotos se ha convertido por momentos en el mismo infierno.
Desde la llegada de los españoles a Urabá en 1502, este territorio ha estado marcado por la violencia. La sangre ha bañado su tierra, teñido sus ríos e impregnadas sus tierras con el aroma de la muerte. Esta región llena de gentes humildes y trabajadoras ha tenido que soportar en ese devenir del tiempo el despojo y la invasión violenta de los conquistadores europeos, las guerras civiles, las empresas multinacionales que vulneran gravemente los derechos fundamentales, sumado a la presencia de grupos al margen de la ley como grupos guerrilleros, paramilitares, capos de la droga, bandas criminales que hacen parte de ese escenario de conflicto armado que vive el país; además del olvido del Estado Colombiano. Es justamente allí, la mejor esquina de América como se la ha catalogado, donde se han vivido capítulos de extrema intimidación a lo largo y ancho del tiempo y del espacio, como fue la masacre de las bananeras (1928), la persecución de grupos guerrilleros y paramilitares, etc., que han conllevado a los campesinos, indígenas y afrodescendientes a crear las Comunidades de Paz del Urabá, como una plataforma que les permite mostrar su desacuerdo con la violencia y manifestar su posición de neutralidad frente al conflicto y sus actores. Esta comunidad, nace como consecuencia de toda la oleada de violencia que se ha mutado en este territorio a lo largo de los años, principalmente después de la masacre de las bananeras, la formación de los movimientos cívicos, sociales, sindicales y políticos, etc., y el aumento de simpatizantes a la Unión Patriótica, situaciones que desencadenaron múltiples conflictos que profundizaron la guerra en este territorio. Fue así que, “empresarios bananeros, ganaderos y narcotraficantes, con la aprobación tácita de la fuerza pública, decidieron recurrir durante estos años no solo al asesinato de líderes populares sino también a la estrategia atroz de los asesinatos colectivos para intimidar a la movilización popular mediante el terror y destruir los nexos entre la población y la guerrilla (...) Entre 1988 y 1990 se calcula que fueron asesinadas cerca de 400 personas por motivos políticos, entre obreros, líderes sindicales y políticos”[1].
Cabe mencionar, que estas comunidades fueron creadas por el hostigamiento de los grupos criminales contra la población civil, quienes se han visto seriamente vulneradas cientos de veces y sus líderes amenazados, asesinados, desplazados, debido al poco respaldo del gobierno nacional en sus diferentes frentes institucionales.
Raul Hasbún, creador del bloque bananero en 1996 con apoyo de las multinacionales y bajo la vista gorda del gobierno nacional fue uno de los mayores actores del paramilitarismo en esta zona del país en la cual en tres años fueron asesinadas más de 10.000 personas entre mujeres, niños y ancianos, teniendo en cuenta que la cifra podría ser mayor debido a los cuerpos desaparecidos en fosas, tirados a los ríos descuartizados, creando así una guerra psicológica e instaurando un desplazamiento masivo a las urbes más cercanas como Medellín y Cartagena, según lo evidencian los estudios del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han recomendado que el Estado Colombiano tome medidas para asegurar la protección adecuada de la Comunidad de Paz, ya que el gobierno debe concertar los medios a través de los cuales la población de la Comunidad será protegida teniendo en cuenta que sólo desde 1997, 43 miembros que declararon neutralidad fueron asesinados por grupos de extrema izquierda o derecha, violando así el derecho internacional humanitario y el derecho sagrado a la vida.
Pero no sólo los grupos paramilitares han atentado en contra de la población de Urabá. Ésta zona del territorio nacional se ha visto envuelta en disputas políticas entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia. Ejército del Pueblo FARC-EP, por más de 5 décadas, luego que en el gobierno de César Gaviria el Ejército Popular de Liberación EPL, se desmovilizara, convirtiéndose en el partido político Esperanza, Paz y Libertad, el cual comenzó a ganar adeptos, generando una deserción de os partidos de izquierda tradicionales (Partido Comunista P.C y la Unión Patriótica UP). A ello, se le suma la Masacre de la Chinita, una de las más violentas en todo el país, llevado a cabo por el quinto frente de las FARC, el 23 de Enero de 1994.
Cabe resaltar, que la violencia gremial ha sido otro factor que se une a la grave situación de orden público del Urabá. Casos como el de a Chiquita Brans Interncional que financió económicamente a grupos armados con el fin de callar y oprimir a los líderes sindicales que buscaban bienestar para los ya explotados trabajadores de las bananeras, asegura Terri Collingsworth abogado de las víctimas de caso “chiquita” que “ “Este puede ser el caso de terrorismo más grande de la historia. En términos de muertes, este es del tamaño de tres ataques al World Trade Center”[2] y esta compañía es responsable directa de los asesinatos de campesinos y líderes sindicales del Urabá.
Es por esta razón que se vislumbra que el mayor enemigo del pueblo urabeño ha sido el olvido estatal, al no brindar las mínimas garantías para el sano desarrollo, la libre convivencia, la libertad y los derechos de las comunidades, situación que ha padecido este territorio por más de 60 años; pues la sangre que ha derramado esta tierra en términos de cifras de homicidios, son casi comparables con el de Auschwitz, uno de los peores campos de concentración del holocausto nazi.
Lamentablemente en la actualidad para Urabá la violencia no termina. Ahora la azotan bandas criminales que ejercen el poder respaldados con el imperio económico del narcotráfico. Las Comunidades de Paz sin el respaldo del gobierno nacional no pueden poner en práctica sus proyectos y viven bajo el miedo constante, a persecución y el homicidio de sus líderes; mientras nuestros gobernantes se quedan cortos en las políticas de desarrollo, seguridad, educación, cultura e inversión social. Bajo este panorama de incertidumbre, es que tienen que enfrentarse y resistir diariamente estas comunidades de paz, luchando contra esa política de olvido, exclusión y desarraigo.
